La revisión del padrón electoral de India ha transformado una disputa sobre la administración electoral en una confrontación más amplia sobre la rendición de cuentas democrática, con jóvenes manifestantes que desafían a las autoridades electorales y el Gobierno que defiende el proceso.

El detonante inmediato fue la detención de más de 2.000 personas en Delhi, cuando el movimiento juvenil “Cockroach” intentó movilizarse contra el comisionado jefe electoral, Gyanesh Kumar. Las autoridades también detuvieron al fundador del movimiento, Abhijeet Dipke, y a dos líderes sénior, aunque posteriormente un tribunal ordenó su liberación. La policía y las fuerzas paramilitares permanecieron desplegadas por toda la capital cuando las protestas entraron en su segundo día. ¹

La perspectiva liberal presenta la represión como prueba de un uso excesivo de la fuerza estatal. Los partidos de la oposición criticaron lo que calificaron de “uso prepotente de la fuerza”, mientras que la oficina de derechos humanos de la ONU instó a las autoridades a respetar la reunión pacífica y entablar un “diálogo significativo”. ¹ Este enfoque sitúa la disputa en el marco de una preocupación más amplia por las libertades civiles, especialmente mientras los críticos sostienen que las eliminaciones del padrón afectan de manera desproporcionada a los musulmanes y otras minorías.

La perspectiva conservadora, reflejada en su descripción del episodio como India que “reprime las protestas juveniles mientras crece la indignación contra Modi y el jefe electoral”, también reconoce la magnitud de la indignación pública, pero presenta la historia más como una cuestión de disturbios y presión política que de fracaso institucional. ²

En el centro del desacuerdo está la eliminación de aproximadamente 130 millones de nombres de los padrones electorales durante un proceso de verificación. El partido Bharatiya Janata y la Comisión Electoral afirman que las eliminaciones reflejan en gran medida cambios de residencia y votantes cuyo paradero no puede determinarse, y niegan cualquier manipulación. Los críticos replican que el proceso podría debilitar el apoyo a la oposición y exigen la dimisión de Kumar. El Gobierno ha rechazado la intervención de la ONU por ser “selectiva” y una “injerencia injustificada”, mientras que el movimiento afirma que su campaña continuará hasta que se reforme el sistema electoral. ¹