La propuesta de retransmitir en directo la ejecución militar de Nidal Malik Hasan ha convertido un castigo destinado a cerrar un caso notorio en una prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para hacer pública la muerte. El debate enfrenta la disuasión y la retribución con la preocupación de que la justicia se esté transformando en espectáculo.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha presentado la retransmisión como una advertencia para posibles atacantes, al afirmar que «la gente debe entender que hay consecuencias graves para este tipo de cosas». El presidente Donald Trump ha defendido la ejecución de Hasan y ha repetido el argumento de convertirlo en un ejemplo, pero su postura sobre la retransmisión ha cambiado. Primero dijo que la aprobaba «absolutamente»; después afirmó que él tomaría la decisión «definitiva», argumentando que mostrar la ejecución podría disuadir a otros. ¹

Esa vacilación resulta llamativa porque el vicepresidente de Trump, JD Vance, también ha trazado una línea entre apoyar el castigo y participar en su exhibición. Vance calificó el ataque de Hasan de 2009 como uno de los peores atentados terroristas en suelo estadounidense fuera del 11-S y dijo que la gente debería recordar a las víctimas. Pero añadió: «Si finalmente se retransmite en directo, no voy a verlo». ² Su postura refleja la inquietud más amplia entre algunos republicanos que apoyan la pena de muerte, pero rechazan la idea de retransmitirla.

Los líderes católicos han expresado la oposición más categórica. El papa León XIV calificó la pena capital de «inadmisible», mientras que el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, describió la retransmisión como «verdaderamente incomprensible» y afirmó que es «inaceptable convertir la muerte en un espectáculo». ³ El arzobispo Paul Coakley también calificó el plan de «promoción bárbara de una cultura de la muerte».

Los argumentos contrapuestos coinciden en reconocer la responsabilidad de Hasan y el sufrimiento de las víctimas. Difieren sobre el objetivo del castigo: demostrar el poder del Estado, disuadir la violencia o preservar los límites morales al negarse a convertir una ejecución en entretenimiento público.